Pese al boom económico de Brasil, millones de personas siguen viviendo en asentamientos irregulares en todo el país.
© Mauricio Lima/Afp/Getty Images
Amnistía Internacional ha hecho un llamamiento a las
autoridades brasileñas para que den respuesta de manera urgente a las
necesidades de unas 1.600 familias que han perdido sus viviendas como
resultado de los desalojos forzosos llevados a cabo en un asentamiento
del estado de São Paulo, en Brasil.
Los desalojos, en curso desde
el domingo, se han realizado sin previo aviso, mientras las
negociaciones estaban todavía abiertas y sin que se hayan ofrecido
viviendas alternativas.
Se han producido violentos
enfrentamientos, que se prolongaron hasta el lunes, entre policía y
residentes, después de que un juez del estado de São Paulo ordenara la
entrada de casi 2.000 agentes de policía en el asentamiento de
Pinheirinho, en las afueras de San José de los Campos. Las autoridades
policiales afirman que el desalojo concluirá mañana.
“Este
desalojo viola un gran número de normas internacionales”, ha afirmado
Atila Roque, director de Amnistía Internacional Brasil.
“La
operación se ha llevado a cabo de manera completamente inapropiada: en
la madrugada del domingo y sin avisar adecuadamente. Se ha seguido
adelante con el desalojo a pesar de que las negociaciones con las
autoridades para encontrar una salida pacífica aún estaban abiertas”, ha
asegurado.
La policía, equipada con material antidisturbios y
apoyada por helicópteros y vehículos blindados, entró en la zona sin
previo aviso a las 6 de la mañana del domingo, lanzando gases
lacrimógenos y balas de goma. Las autoridades cortaron la electricidad,
el gas y las líneas telefónicas y acordonaron la zona, restringiendo a
los residentes el acceso a sus hogares.
Unas 30 personas han sido
detenidas después de que algunos residentes de este asentamiento
–creado hace ocho años– resistieran el desalojo levantando barricadas,
quemando coches y lanzando piedras y palos.
La orden de
desalojo se emitió contraviniendo un acuerdo previo que lo suspendía
mientras se buscaba una solución pacífica, como la posibilidad de que el
gobierno federal comprara el terreno y legalizara los títulos de
propiedad de los residentes.
Algunos residentes han sido
acogidos por familiares, mientras otros –unas 350 familias– se han
instalado en un gimnasio sin saneamiento adecuado. A algunas familias se
les ha permitido regresar a la zona desalojada para recoger sus
pertenencias antes de que las viviendas sean demolidas.
El
asentamiento de Pinheirinho se creó en 2004, cuando grupos de personas
sin hogar ocuparon un terreno abandonado que pertenecía a una empresa de
inversiones en quiebra.
Desde entonces se han construido
iglesias, campos de fútbol, bibliotecas y tiendas, y los vecinos han
intentado legalizar su situación mediante un programa estatal llamado
“Ciudad Legal”, pero sin ningún éxito.
La asociación de vecinos ha solicitado al Tribunal Supremo Federal que invalide la orden de desalojo.
“Lo
que está ocurriendo en Pinheirinho es parte de un desafortunado modelo
de desalojos forzosos en Brasil: mientras que el país se encuentra en
pleno boom económico, decenas de miles de familias sin recursos
están siendo desalojadas para permitir la construcción de
infraestructuras y nuevos desarrollos urbanísticos en manos privadas,
sin recibir ni protección adecuada ni viviendas alternativas”, ha
afirmado Atila Roque.
“Las autoridades brasileñas deben atender
urgentemente las necesidades de los miles de personas que se han quedado
sin casa. Deben involucrarse activamente con los residentes para
encontrar una solución a largo plazo que se adapte a sus necesidades, no
ya una plaza temporal en un albergue, algo que acaba disgregando a las
familias”, ha añadido.
A pesar de las considerables inversiones
realizadas por el gobierno federal, Brasil se enfrenta a un enorme
déficit de viviendas, y millones de personas en todo el país viven en
asentamientos irregulares.
De acuerdo con la legislación
internacional, incluido el Pacto Internacional de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales, sobre el Estado brasileño pesa la prohibición de
llevar a cabo desalojos forzosos, y debe proteger a la población de este
tipo de acciones. 
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