A. PRADILLA-A.INTXUSTA | IRUÑEA
La actuación policial en el chupinazo ha comprometido la seguridad del arranque sanferminero los últimos años por su persecución a la ikurriña. Un total de 43 agentes de la Policía Municipal han presentado denuncias a título personal, por vía penal, contra sus superiores, porque no les dejan utilizar equipo antidisturbios y, de esta forma, corren un riesgo innecesario en la Plaza del Ayuntamiento.
La actuación de la Policía Municipal el día 6 de julio está en el punto de mira, sobre todo, a raíz de lo ocurrido en los sanfermines de 2010. Ese año, los policías irrumpieron a porrazos hasta el centro de la plaza para incautarse de una ikurriña. La operación derivó en incidentes y un joven madrileño recibió un botellazo en la cabeza que le dejó lesiones permanentes. Esa botella iba dirigida a los agentes.
La denuncia de los 43 policías municipales se sustenta en el Artículo 316 del Código Penal, que reza así: «La Administración deberá velar por la seguridad de los trabajadores y asimismo es responsable de salvaguardar la integridad física de los mismos».
El escrito presentado el martes ante el Juzgado de lo Penal recoge que dos delegados sindicales de la Policía pidieron explicaciones a un comisario sobre por qué no podían llevar protecciones. Éste les contestó que «los políticos habían dicho que por imagen no se iban a utilizar». En consecuencia, la denuncia va dirigida a los mandos y al Área de Seguridad Ciudadana. Entre el chupinazo y la procesión del día siguiente, se registraron siete policías heridos.
La denuncia se apoya en un informe técnico previo del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales que determina que, para una operación con tanto riesgo, los agentes deben llevar una «protección adecuada», lo que incluye cabeza, cuerpo y manos. Ese informe no solo habla de eso, sino que también cuestiona las actuaciones de la Policía Municipal en los momentos previos al chupinazo, por conllevar riesgos para todos.
No obstante, la denuncia no pone en cuestión la utilización de la Policía Municipal para un fin político, como la entrada de una bandera legal en la plaza. Eso no es competencia de la Policía Municipal ni tiene sustento jurídico. Una sentencia reciente de la Audiencia Provincial, referida al chupinazo de 2007, así lo acredita. En el caso de que fueran símbolos prohibidos por la legislación española, tampoco sería el cuerpo competente. En todo caso, debiera ser la Policía española o la Foral la encargada de tales asuntos, según se estipula en la ley.
Los sindicatos representados en la Policía Municipal arropan la demanda en tanto en cuanto ésta se ve reflejada en el informe de prevención de riesgos. «Exigimos que se habilite a los agentes con el equipo de seguridad. El material antidisturbios es otra cuestión que excede de la salud laboral y que se ciñe a criterios policiales», explica Javier Ibáñez, secretario general de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO .
Ibáñez no se posiciona en el tema de la persecución de la ikurriña: «No entramos a valorarlo. Es una cuestión política. Hay un mandato para una determinada actuación y nosotros nos limitamos a exigir que se pongan los medios para garantizar la seguridad».
Por otra parte, la equipación con la que algunos agentes de la Policía Municipal acuden al chupinazo ha recibido fuertes críticas. Los dos últimos años se ha probado con fotografías que emplean porras extensibles, un material no recogido en el equipamiento del cuerpo y que, además, sólo puede emplearse para amedrentar y nunca para golpear, dado que no es flexible, sino de metal.
El último escándalo se registró las pasadas fiestas, cuando este periódico publicó una instantánea en la que se aprecia cómo un agente saca un cúter para rasgar la ikurriña. «El cúter no es una herramienta que deba de llevar un policía municipal. Puede ser un elemento de distorsión», afirma Ibáñez.
Por otra parte, la denuncia de los 43 agentes no es la única relacionada con los sanfermines. Varias personas denunciaron a la Policía Municipal por una actuación «agresiva e inexplicable» durante la procesión de San Fermín del día 7.
La actuación de la Policía Municipal el día 6 de julio está en el punto de mira, sobre todo, a raíz de lo ocurrido en los sanfermines de 2010. Ese año, los policías irrumpieron a porrazos hasta el centro de la plaza para incautarse de una ikurriña. La operación derivó en incidentes y un joven madrileño recibió un botellazo en la cabeza que le dejó lesiones permanentes. Esa botella iba dirigida a los agentes.
La denuncia de los 43 policías municipales se sustenta en el Artículo 316 del Código Penal, que reza así: «La Administración deberá velar por la seguridad de los trabajadores y asimismo es responsable de salvaguardar la integridad física de los mismos».
El escrito presentado el martes ante el Juzgado de lo Penal recoge que dos delegados sindicales de la Policía pidieron explicaciones a un comisario sobre por qué no podían llevar protecciones. Éste les contestó que «los políticos habían dicho que por imagen no se iban a utilizar». En consecuencia, la denuncia va dirigida a los mandos y al Área de Seguridad Ciudadana. Entre el chupinazo y la procesión del día siguiente, se registraron siete policías heridos.
La denuncia se apoya en un informe técnico previo del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales que determina que, para una operación con tanto riesgo, los agentes deben llevar una «protección adecuada», lo que incluye cabeza, cuerpo y manos. Ese informe no solo habla de eso, sino que también cuestiona las actuaciones de la Policía Municipal en los momentos previos al chupinazo, por conllevar riesgos para todos.
No obstante, la denuncia no pone en cuestión la utilización de la Policía Municipal para un fin político, como la entrada de una bandera legal en la plaza. Eso no es competencia de la Policía Municipal ni tiene sustento jurídico. Una sentencia reciente de la Audiencia Provincial, referida al chupinazo de 2007, así lo acredita. En el caso de que fueran símbolos prohibidos por la legislación española, tampoco sería el cuerpo competente. En todo caso, debiera ser la Policía española o la Foral la encargada de tales asuntos, según se estipula en la ley.
Encerrona «sin vías de escape»
Los agentes exponen que irrumpir en la plaza para quitar la ikurriña -como intentaron este año y consiguieron el anterior- puso en riesgo su salud. Aseguran que entraron «sin contar con una protección adecuada, no siendo informados previamente sobre los procedimientos ni sobre las posibles vías de escape». Exigen, por tanto, que se protocolaricen estas actuaciones, pero no cuestionan la operación.Los sindicatos representados en la Policía Municipal arropan la demanda en tanto en cuanto ésta se ve reflejada en el informe de prevención de riesgos. «Exigimos que se habilite a los agentes con el equipo de seguridad. El material antidisturbios es otra cuestión que excede de la salud laboral y que se ciñe a criterios policiales», explica Javier Ibáñez, secretario general de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO .
Ibáñez no se posiciona en el tema de la persecución de la ikurriña: «No entramos a valorarlo. Es una cuestión política. Hay un mandato para una determinada actuación y nosotros nos limitamos a exigir que se pongan los medios para garantizar la seguridad».
Por otra parte, la equipación con la que algunos agentes de la Policía Municipal acuden al chupinazo ha recibido fuertes críticas. Los dos últimos años se ha probado con fotografías que emplean porras extensibles, un material no recogido en el equipamiento del cuerpo y que, además, sólo puede emplearse para amedrentar y nunca para golpear, dado que no es flexible, sino de metal.
El último escándalo se registró las pasadas fiestas, cuando este periódico publicó una instantánea en la que se aprecia cómo un agente saca un cúter para rasgar la ikurriña. «El cúter no es una herramienta que deba de llevar un policía municipal. Puede ser un elemento de distorsión», afirma Ibáñez.
Por otra parte, la denuncia de los 43 agentes no es la única relacionada con los sanfermines. Varias personas denunciaron a la Policía Municipal por una actuación «agresiva e inexplicable» durante la procesión de San Fermín del día 7.
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