El sionismo argentino sigue haciendo de las suyas y trata -a través de presionar a la Justicia- de hacer encarcelar a militantes populares. Por un lado está pendiente la condena o no del referente de Quebracho, Fernando Esteche, acusado por defender con sus compañeros hace un par de años la Embajada de la República Islámica de Irán de una incursión violenta de militantes sionistas y agentes encubiertos del Mossad. Ahora, le toca el turno otra vez a los militantes del Frente de Acción Revolucionaria (FAR) y a su ex dirigente Roberto Martino (éste último acaba de recuperar la libertad y vuelve a ser enjuiciado).Evidentemente la campaña sionista de persecución a la militancia popular que se les opone por genocidas contra el pueblo palestino, sigue teniendo en Argentina (gracias a las componendas institucionales que ampara sus agresiones criminales) un campo fértil.DESDE RESUMEN LATINOAMERICANO nos solidarizamos con los compañeros del FAR y de Quebracho y exigimos unidad de todas las organizaciones populares para -más allá de diferencias circunstanciales- presentar un frente común para defender a los agredidos por el sionismo.
Damos a conocer comunicado del FAR:
Comunicamos que a partir de una apelación de la DAIA, la Sala IV de la Cámara Nacional de Casación Penal dejó sin efecto los sobreseimientos que beneficiaban a Roberto Martino y los compañeros que, en el marco de la manifestación de repudio a las políticas criminales del Estado de Israel ocurrida el día 17 de mayo de 2009, habían sido acusados de los delitos de “prepotencia ideológica” y de violar la ley antidiscriminación. Esto no sólo es una avanzada más en la política represiva y de judicialización de la protesta, sino que es un salto cualitativo porque criminaliza de manera explícita expresiones políticas. Recordamos que el día 17 de mayo de 2009 el Frente de Acción Revolucionaria (FAR) realizó una manifestación de repudio en el marco de la celebración del 61º aniversario de la creación del Estado de Israel, que tuvo lugar en la intersección de Av. de Mayo y Perú de la Ciudad de Buenos Aires. Allí la seguridad del acto les salió al cruce y a partir de los incidentes que se produjeron se detuvo a 5 compañeros y se abrió una causa judicial que persiguió a la organización política (FAR), allanó irregularmente un local de la organización, e intentó acusar a todos sus miembros y a su entonces dirigente (Roberto Martino) de pertenecer a una agrupación cuasi-terrorista y antisemita. El saldo de dicha persecución fue la detención de 15 compañeros, algunos de los cuales estuvieron dos meses detenidos, y luego la detención de Roberto Martino, que estuvo más de un año preso en el penal de Marcos Paz. A partir del importantísimo arco de solidaridad y de la defensa asumida desde CADEP, logramos liberar a todos los compañeros y hacer caer las acusaciones más graves, entre ellas la de “prepotencia ideológica”. Debemos destacar que el delito de “prepotencia ideológica” (art. 213 bis del Código Penal) castiga el hecho de querer “imponer ideas por la fuerza o el temor”; es un delito creado a la medida de la protesta social y las luchas, ya que son los jueces quienes estableces qué sería “imponer ideas por la fuerza o el temor”. Además, en el marco de las acciones políticas, siempre el objetivo es discutir, exigir e “imponer” ideas, lo cual en el marco de la “legalidad” y de la Constitución, nunca puede ser considerado ilegal sino se cometen delitos concretos. Históricamente la “prepotencia ideológica” fue utilizada para intentar criminalizar, judicializar e ilegalizar numerosos procesos de lucha. Sin embargo, ante la evidencia de que se trata de una figura inconstitucional y que criminaliza las ideas, desde 1983 hasta la fecha siempre que hubo procesamientos por este delito, las instancias superiores las dejaron sin efecto. Con el procesamiento dictado a los compañeros, por incidentes menores ocurridos en el marco de una manifestación política (donde además todos los detenidos fueron salvajemente golpeados y en la que Martino no estuvo presente), asistimos a un avance claro en la tónica represiva. Expresarse, manifestarse en contra de las políticas genocidas de un Estado, plantear públicamente posiciones políticas, ahora es considerado un delito grave por el máximo tribunal penal del país; y además si es contra el Estado de Israel se lo considera una expresión antisemita. Debemos denunciar esta situación, organizarnos y coordinar la solidaridad y las acciones contra esta nueva avanzada en la política represiva de un Estado, que no consideró “prepotencia ideológica” a las acciones de la burocracia de la Unión Ferroviaria que quiso imponer “sus ideas” a los tiros asesinando a Mariano Ferreyra e hiriendo a varios compañeros, ni al ataque de la patota de la UOCRA, cuyo jefe Gerardo Martinez fue denunciado por ser personal civil de inteligencia del Batallón 601 durante la dictadura, contra los docentes santacruceños, pero sí considera que incurren en este delito compañeros que cuestionan la política genocida del Estado de Israel.
El sionismo argentino sigue haciendo de las suyas y trata -a través de presionar a la Justicia- de hacer encarcelar a militantes populares. Por un lado está pendiente la condena o no del referente de Quebracho, Fernando Esteche, acusado por defender con sus compañeros hace un par de años la Embajada de la República Islámica de Irán de una incursión violenta de militantes sionistas y agentes encubiertos del Mossad. Ahora, le toca el turno otra vez a los militantes del Frente de Acción Revolucionaria (FAR) y a su ex dirigente Roberto Martino (éste último acaba de recuperar la libertad y vuelve a ser enjuiciado).
Evidentemente la campaña sionista de persecución a la militancia popular que se les opone por genocidas contra el pueblo palestino, sigue teniendo en Argentina (gracias a las componendas institucionales que ampara sus agresiones criminales) un campo fértil.
DESDE RESUMEN LATINOAMERICANO nos solidarizamos con los compañeros del FAR y de Quebracho y exigimos unidad de todas las organizaciones populares para -más allá de diferencias circunstanciales- presentar un frente común para defender a los agredidos por el sionismo.
Damos a conocer comunicado del FAR:
Comunicamos que a partir de una apelación de la DAIA, la Sala IV de la Cámara Nacional de Casación Penal dejó sin efecto los sobreseimientos que beneficiaban a Roberto Martino y los compañeros que, en el marco de la manifestación de repudio a las políticas criminales del Estado de Israel ocurrida el día 17 de mayo de 2009, habían sido acusados de los delitos de “prepotencia ideológica” y de violar la ley antidiscriminación. Esto no sólo es una avanzada más en la política represiva y de judicialización de la protesta, sino que es un salto cualitativo porque criminaliza de manera explícita expresiones políticas.
Recordamos que el día 17 de mayo de 2009 el Frente de Acción Revolucionaria (FAR) realizó una manifestación de repudio en el marco de la celebración del 61º aniversario de la creación del Estado de Israel, que tuvo lugar en la intersección de Av. de Mayo y Perú de la Ciudad de Buenos Aires. Allí la seguridad del acto les salió al cruce y a partir de los incidentes que se produjeron se detuvo a 5 compañeros y se abrió una causa judicial que persiguió a la organización política (FAR), allanó irregularmente un local de la organización, e intentó acusar a todos sus miembros y a su entonces dirigente (Roberto Martino) de pertenecer a una agrupación cuasi-terrorista y antisemita.
El saldo de dicha persecución fue la detención de 15 compañeros, algunos de los cuales estuvieron dos meses detenidos, y luego la detención de Roberto Martino, que estuvo más de un año preso en el penal de Marcos Paz. A partir del importantísimo arco de solidaridad y de la defensa asumida desde CADEP, logramos liberar a todos los compañeros y hacer caer las acusaciones más graves, entre ellas la de “prepotencia ideológica”.
Debemos destacar que el delito de “prepotencia ideológica” (art. 213 bis del Código Penal) castiga el hecho de querer “imponer ideas por la fuerza o el temor”; es un delito creado a la medida de la protesta social y las luchas, ya que son los jueces quienes estableces qué sería “imponer ideas por la fuerza o el temor”. Además, en el marco de las acciones políticas, siempre el objetivo es discutir, exigir e “imponer” ideas, lo cual en el marco de la “legalidad” y de la Constitución, nunca puede ser considerado ilegal sino se cometen delitos concretos.
Históricamente la “prepotencia ideológica” fue utilizada para intentar criminalizar, judicializar e ilegalizar numerosos procesos de lucha. Sin embargo, ante la evidencia de que se trata de una figura inconstitucional y que criminaliza las ideas, desde 1983 hasta la fecha siempre que hubo procesamientos por este delito, las instancias superiores las dejaron sin efecto.
Con el procesamiento dictado a los compañeros, por incidentes menores ocurridos en el marco de una manifestación política (donde además todos los detenidos fueron salvajemente golpeados y en la que Martino no estuvo presente), asistimos a un avance claro en la tónica represiva. Expresarse, manifestarse en contra de las políticas genocidas de un Estado, plantear públicamente posiciones políticas, ahora es considerado un delito grave por el máximo tribunal penal del país; y además si es contra el Estado de Israel se lo considera una expresión antisemita.
Debemos denunciar esta situación, organizarnos y coordinar la solidaridad y las acciones contra esta nueva avanzada en la política represiva de un Estado, que no consideró “prepotencia ideológica” a las acciones de la burocracia de la Unión Ferroviaria que quiso imponer “sus ideas” a los tiros asesinando a Mariano Ferreyra e hiriendo a varios compañeros, ni al ataque de la patota de la UOCRA, cuyo jefe Gerardo Martinez fue denunciado por ser personal civil de inteligencia del Batallón 601 durante la dictadura, contra los docentes santacruceños, pero sí considera que incurren en este delito compañeros que cuestionan la política genocida del Estado de Israel.
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