La desgarradora noticia convulsionó estos días no solo al personal de la institución que atiende gratuitamente a centenares de pacientes y a sus familiares, sino que movilizó a políticos locales, medios de prensa y ONGs quienes, preocupados por el tema, cortaron el tránsito en la intersección entre la Avenida Hipólito Yrigoyen y la calle Lavallol en Lanús, a metros del centro de rehabilitación de adictos, denominado CPA.
Desde hace cinco meses, el gobierno de Daniel Scioli no abona el alquiler del predio de Lavallol 79 -sitio donde funciona el centro-, además de mantener retenidos los pases a planta permanente y los sueldos de algunos de los profesionales que brindan sus servicios en ese lugar.
Para frenar la impronta de Gabriela Torres, el Concejal Jorge Schiavone (PRO Lanús) se apersonó in situ acompañado por sus abogados. Por estas horas, los letrados están presentando un recurso de amparo en los juzgados de Lanús y de la Ciudad de La Plata (capital de la provincia), con miras a obtener una medida de no innovar.
La tajante decisión tomada por Torres forzó a la ONGs encabezadas por la Asociación Antidrogas de la República Argentina a exigir al Gobernador Daniel Scioli la inmediata remoción de la Subsecretaria de Prevención y Asistencia de las Adicciones. La mencionada no exhibe título otorgado por ninguna universidad de medicina que la avale para dirigir la red de asistencia a drogadependientes de la Provincia de Buenos Aires.
Debe entenderse que, a lo largo de trece años, el CPA de Lanús ha funcionado en Lavallol 79 y ha logrado convertirse en el lugar de referencia para los vecinos de esa localidad, que acuden solventar sus necesidades de cara a la atención de personas que exhiben esa patología.
Cuando hablamos de adicciones, nos referimos puntualmente a personas, ciudadanos que no cuentan con recursos para pagar onerosos tratamientos y encuentran en los CPA un espacio de asistencia gratuita de altísimo nivel profesional y humano.
La acción de Gabriela Torres pone a Daniel Scioli en una difícil, innecesaria y compleja situación frente a la opinión pública, resquebrajando el consistente trabajo territorial del Gobernador en el tema y destrozando una de sus columnas más sólidas con miras a las próximas elecciones.
Por Claudio Izaguirre Para frenar la impronta de Gabriela Torres, el Concejal Jorge Schiavone (PRO Lanús) se apersonó in situ acompañado por sus abogados. Por estas horas, los letrados están presentando un recurso de amparo en los juzgados de Lanús y de la Ciudad de La Plata (capital de la provincia), con miras a obtener una medida de no innovar.
La tajante decisión tomada por Torres forzó a la ONGs encabezadas por la Asociación Antidrogas de la República Argentina a exigir al Gobernador Daniel Scioli la inmediata remoción de la Subsecretaria de Prevención y Asistencia de las Adicciones. La mencionada no exhibe título otorgado por ninguna universidad de medicina que la avale para dirigir la red de asistencia a drogadependientes de la Provincia de Buenos Aires.
Debe entenderse que, a lo largo de trece años, el CPA de Lanús ha funcionado en Lavallol 79 y ha logrado convertirse en el lugar de referencia para los vecinos de esa localidad, que acuden solventar sus necesidades de cara a la atención de personas que exhiben esa patología.
Cuando hablamos de adicciones, nos referimos puntualmente a personas, ciudadanos que no cuentan con recursos para pagar onerosos tratamientos y encuentran en los CPA un espacio de asistencia gratuita de altísimo nivel profesional y humano.
La acción de Gabriela Torres pone a Daniel Scioli en una difícil, innecesaria y compleja situación frente a la opinión pública, resquebrajando el consistente trabajo territorial del Gobernador en el tema y destrozando una de sus columnas más sólidas con miras a las próximas elecciones.
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