AI califica como "un impactante recordatorio de la intolerancia del Gobierno de Raúl Castro frente a la disensión"
Madrid. (EUROPA PRESS).- Amnistía Internacional ha atribuido al Gobierno cubano la responsabilidad "exclusiva" de la muerte del presunto activista Wilman Villar, fallecido tras una huelga de hambre de 50 días de duración, en lo que AI calificó como "un impactante recordatorio de la intolerancia del Gobierno de Raúl Castro frente a la disensión".
Villar, de 31 años, falleció el pasado jueves en el hospital Juan
Bruno Zayas de Santiago, donde fue trasladado el pasado 13 de enero
desde prisión por problemas de salud supuestamente derivados de la
huelga de hambre "en protesta por su juicio injusto y su
encarcelamiento", explicó la ONG.
AI señala que Villar cumplía una sentencia de cuatro años por cargos
relacionados con su participación en una manifestación pública contra el
Gobierno, pero el Gobierno cubano mantiene Villar era un preso común que fue detenido por agredir y provocar lesiones en la cara a su esposa, circunstancia que denunció su suegra, y ha negado que estuviera en huelga de hambre.
Con todo, el asesor especial de Amnistía Internacional, Javier
Zúñiga, aseguró que la responsabilidad de la muerte de Villar bajo
custodia "es exclusiva de las autoridades cubanas, quienes le juzgaron
sumariamente y le encarcelaron por ejercer su derecho a la libertad de
expresión".
"Su trágica muerte resalta la profunda desesperación a la que se
enfrentan otros presos de conciencia que todavía languidecen en cárceles
cubanas, y que deben ser liberados inmediata e incondicionalmente"
declaró el asesor, quien instó a las autoridades cubanas a "poner fin al
acoso, persecución y encarcelamiento de manifestantes pacíficos, así
como a los activistas pro Derechos Humanos".
Según contextualiza la ONG, Villar fue arrestado el pasado 14 de
noviembre con otros ocho miembros del grupo disidente Unión Patriótica
de Cuba en la ciudad de Contramaestre —en el este del país— por
participar en una protesta contra el Gobierno cubano.
"Durante su detención, la Policía intimidó al detenido y le amenazó
con hacerle desaparecer si no dejaba de protestar y abandonaba el
grupo", indica AI.
Tres días de su liberación, Villar fue obligado a comparecer el 24 de
noviembre ante el Tribunal Municipal de Contramaestre, donde fue
juzgado en privado y sin que se admitieran los testimonios de su esposa o
de otros testigos de la defensa.
La ONG añade que, tras ser sentenciado a cuatro años de cárcel y
transferido a la prisión de Aguaderas. El mismo día comenzó una huelga
de hambre en señal de protesta por el dictamen, que finalmente acabaría
con su vida, de acuerdo con Amnistía.
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