La ausencia de una ley que castigue la violencia machista lleva a los libaneses a las calles en la última batalla contra su sistema político, rehén de las religiones
Los líderes religiosos se oponen a una regulación que criminalice la violación conyugal, alegando que se trata de una "herejía" y de un ataque contra la Sharia.

Pintada del colectivo Nasawiya para promover la manifestación contra la violencia sexual. (M. G. P.)
El relato de MF, publicado en un blog local destinado a la lucha contra el acoso sexual, es uno de tantos de los que pueden oírse en el país del Cedro. En el Líbano, como en todo Oriente Próximo, abundan en privado las historias sobre acoso y abusos sexuales, las mismas que están ausentes de los debates políticos que deberían poner coto mediante leyes a cualquier tipo de agresión. Y esa negligencia comienza a molestar seriamente a una nueva generación harta de hipotecas religiosas.
Eso explica que, bajo la intensa lluvia que lleva semanas abatiéndose sobre Beirut, varios centenares de personas –mayoritariamente mujeres, pero también muchos hombres- se congregasen el pasado domingo frente al edificio de la ONU en Beirut, pancartas y paraguas en mano. Su intento de manifestarse frente al Parlamento había sido abortado por una fuerte presencia policial, justificada por la visita de mandatarios extranjeros a la capital libanesa, entre ellos el secretario general de Naciones Unidas. Daba la impresión de que los manifestantes que exigen una ley que criminalice la violencia doméstica son percibidos como una amenaza, en lugar de como un paso necesario para la modernización de un Estado rehén de su sistema confesional y sus prebendas políticas.
“La violación en el matrimonio ni siquiera es vista como un problema”, lamentaba Yasmine, una estudiante de 18 años que acudió acompañada de su madre, Mariam, de 54. “Según el artículo 522, en el caso de una violación se levantan los cargos contra el violador si accede a casarse con su víctima”, prosigue enarcando las cejas. “Imagínate: aquí las leyes castigan a las víctimas cuando se trata de mujeres”. “Durmiendo con tu enemigo”, apunta su madre, Mariam, señalando con su índice, quien admite sin reparos que la militancia feminista de su hija le ha arrastrado a las calles. “En este país, las mujeres seguimos siendo vistas como la propiedad de alguien. Somos la mujer de, la hija de, la hermana de. No tenemos identidad propia”, lamenta la orgullosa madre.
Mucho se habla del Líbano como el país más avanzado de Oriente Próximo. Se alaba la convivencia multiconfesional, su maltrecha democracia y su relativo liberalismo, en especial en lo que respecta a sus mujeres, en muchos casos reconocidas profesionales, pero se ocultan las contradicciones generadas de su sistema politico confesional, donde los líderes de las 18 sectas religiosas se inmiscuyen en las labores del Estado con argumentos tan poco sólidos como el que mantiene el proyecto de Ley para la Protección de la Mujer de la Violencia Familiar, redactado en 2009, en un cajón del Parlamento.
En el Líbano, un país que en 1952 aprobó el derecho al sufragio femenino, no se considera que haya violación si no hay penetración. Una mujer que haya sido ultrajada no suele acudir a comisaría, porque el vacío legal la condena a ser ignorada y, habitualmente, repudiada por su familia. No existe ninguna ley que criminalice la violencia física, psicológica ni sexual contra las féminas, ni tampoco la violencia doméstica o los suavemente llamados crímenes de honor. Todos esos abusos recaen bajo la jurisdicción de los tribunales religiosos, encargados en el Líbano de las leyes de familia, y los máximos responsables musulmanes se niegan a aceptar una propuesta de Ley que, aducen, daña la Sharia o Ley Islámica y “pretende destruir la sociedad” libanesa importando costumbres de Occidente.
En abril de 2010, el proyecto de Ley aprobado por el Consejo de Ministros era congelado por el Parlamento. Un año después, una subcomisión parlamentaria era encomendada con la tarea de estudiar de nuevo el proyecto de ley. Nunca se publicaron sus resultados, pero en junio de 2011 Dar al Fatwa, la principal institución musulmana suní del Líbano, criticaba un proyecto de ley que “daña a la mujer musulmana”, “le arrebata los derechos acordados por los tribunales religiosos” y que, según la institución, está destinado a provocar “la desintegración de la familia como en Occidente”. “El Islam es muy considerado con los casos de malos tratos”, pero no lo va a hacer “mediante la copia de leyes occidentales que favorecen la destrucción de la familia y que no conviene a nuestras sociedades”.
Estas palabras ofendieron a los colectivos feministas que llevan desde hace años exigiendo que se criminalice la violencia sexual en un país donde la violación de una mujer sólo es considerada como un delito si el autor no es su marido, existan las pruebas que existan. Según una encuesta del Programa Euromed para la Igualdad de Género, entre el 40 y el 75% de las mujeres de nueve países de Oriente Próximo y el norte de Africa, incluido el Líbano, padecen violencia doméstica. Las cifras no parecen alterar lo más mínimo a los dirigentes libaneses, que no terminan de encontrar un momento para relanzar la legislación sobre violencia familiar pese a la presión de ONG internacionales como Human Rights Watch.

El ministro Faisal Karame y el mufti suní, Mohamed Rashid Kabbani, acusados de apoyar la violación. / Mónica G. Prieto
“Las figuras religiosas que se oponen a la ley o bien no la han estudiado en detalle o tratan el problema de forma patriarcal, afirmando que las leyes amenazan el poder del hombre sobre su familia y rompen las reglas que preservan la unidad familiar”, declaraba la directora de Kafa, Zoya Ruhana, la ONG libanesa más activa en la lucha contra la violencia doméstica y contra los delitos sexuales. “Desgraciadamente no ven o quieren ignorar el hecho de que el uso de la violencia en el contexto de la familia es lo que realmente destruye la unidad familiar y el bienestar”.
Yara, miembro del colectivo Nasawiya –junto a Kafa, las dos ONG promotoras de la manifestación del domingo- explicaba a Periodismo Humano que la causa del bloqueo de la ley contra la violencia doméstica es, concretamente, el artículo que criminaliza la violación en el seno del matrimonio. “Por eso gritamos ‘diputados, violéis o no a vuestras mujeres, tenéis la obligación de defenderlas’”. La consigna fue muy coreada durante la manifestación, junto a gritos como “Queremos leyes que protejan a las mujeres de cualquier tipo de violencia sexual”. Entre las pancartas, una rezaba “Es hora de escuchar los gritos de las madres e hijas silenciadas por la ley”. Otras invitaban a la reflexión. “Yo respeto a mi madre. Las leyes deberían hacer lo mismo. Revisad la violación conyugal”.
País firmante de la Convención de Naciones Unidas sobre la Eliminación de toda forma de Discriminación hacia la Mujer y de la Convención Internacional relativa a los Derechos Cívicos y Políticos, el país del Cedro es rehén de su propio sistema confesional. “El sectarismo es el problema más grave de la política libanesa”, prosigue Neyla, una manifestante de 36 años.

"Queremos
leyes que protejan a las mujeres de todo tipo de violencia domestica.
Una ley de protección de la mujer de la violencia machista. Una ley que
criminalice el acoso sexual. Enmendar el artículo 522 del Código Penal".
(M. G. P.)
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