La Asunta, el inicio de la rebelión cocalera
Miguel Lora Ortuño *
Se ha anunciado que el 15 de enero de 2012 empieza la erradicación de los cultivos excedentarios de coca en los Yungas de La Paz y en el Trópico de Cochabamba. Con este propósito, el gobierno moviliza a las tropas de la policía y del ejército (Fuerza de Tarea Conjunta), sobre todo en las zonas consideradas de cultivo ilegal. El “control social” es puro cuento, en los hechos se está erradicando como en los tiempos de Banzer y Goni Sánchez.
El gobierno boliviano se ha reunido con
representantes de EE.UU. y del Brasil y han logrado un “memorándum de
entendimiento” y una enmienda para la lucha conjunta contra el
narcotráfico, documentos que necesitan de “ajustes operativos en el tema
del control territorial”; la firma del documento viene postergándose
semana tras semana. Luego, el Vicepresidente ha puntualizado que existe
la necesidad de una revisión minuciosa del documento, especialmente en
el aspecto “operativo para combatir el narcotráfico”.
¿Cuál es el fondo del problema? Sabemos que “la cooperación
internacional” ha prometido proporcionar una sofisticada tecnología para
el control territorial (radares, helicópteros artillados con armamento
sofisticado, aviones no tripulados, controles satelitales, etc.), de tal
modo que se puede controlar drásticamente no sólo los movimientos de la
fabricación sino también los canales de comercialización de la droga y
las plantaciones excedentarias de la hoja de coca.
Los sembradores de coca ven en el acuerdo un gran peligro que
fatalmente redundará contra sus intereses económicos porque terminará
imponiendo la erradicación forzosa de la hoja. En estas circunstancias,
Evo Morales y su pandilla reciben una doble presión de intereses
totalmente contrapuestos, la del imperialismo y la de “sus” bases
cocaleras. Se trata de una disyuntiva muy difícil y que por donde se
resuelva tendrá graves repercusiones sobre el porvenir del gobierno.
Ceder abiertamente a la presión de los cocaleros significaría perder
ingentes cantidades de recursos económicos de la ayuda internacional y
de aumentar la imagen en el plano internacional de un gobierno que
encubre el narcotráfico; ceder a la presión internacional implica
volcarse a los cocaleros contra el gobierno en un momento en que la
presión de los explotados es más agresiva contra el régimen.
Pareciera que Evo Morales está en un callejón sin salida; pero se
trata solamente de una apariencia porque será el imperialismo quién se
imponga. Los cocaleros pueden estar preparándose para defender sus
cocales frente a una tecnología de guerra bien montada y frente a grupos
de élite entrenados por los yanquis y los brasileros. El cuento del
“control social” ha pasado a la historia porque ha fracasado en los
hechos.
El gobierno acentúa su política represiva en el norte paceño
El año pasado, el gobierno de Evo Morales ocupó militarmente zonas
del norte paceño, impuso la erradicación forzosa al estilo de los
gobiernos neoliberales y reprimió indiscriminadamente a poblaciones
enteras, todo por haber capitulado ante la política imperialista de la
lucha contra las drogas. Los cocaleros de Palos Blancos del Norte paceño
materialmente fueron invadidos por centenares de efectivos de las
fuerzas conjuntas encargadas de la erradicación forzosa. El argumento
fue que no es reconocida como zona de plantación tradicional ni de
transición y que se encuentra penalizada toda actividad de esta
naturaleza.
Los pobladores se organizaron en piquetes de resistencia para
enfrentar a las tropas erradicadoras del MAS tan represoras como las de
Banzer y Goni, bajo el ala protectora del imperialismo norteamericano.
¿Por qué un gobierno que nace de las entrañas de los cocaleros recurre a
la erradicación forzosa y al mejor estilo neoliberal? La respuesta es
clara: no ha tenido éxito a nivel internacional su propósito de
legalizar la masticación y comercialización de derivados
industrializados como mates, pastas dentales y otros. Todos los países,
incluidos los supuestamente aliados como Argentina, Brasil y Chile, se
mantuvieron firmes en el bloque encabezado por el imperialismo en la
lucha frontal contra las drogas y las plantaciones de coca.
El gobierno y la burocracia oficialista cocalera no se cansan en
señalar que la erradicación se realizará en el marco del “control
social” de los mismos cocaleros y en observancia del respeto a los
derechos humanos; sin embargo, los cocaleros de La Asunta han denunciado
que la FTC recurre a la fuerza, encerrando a los dueños de los cocales y
a su familia en sus casas para que no interfieran el trabajo de los
erradicadores.
De esta manera, el “control social” y el respeto de los “derechos
humanos” es puro cuento porque, en los hechos, lo que está ocurriendo es
la erradicación forzosa como en los tiempos de Banzer y Sánchez de
Loazada. ¿De qué modo se entiende que el gobierno realice movimientos
masivos de las Fuerzas de Tarea Conjunta?
En los Yugas de La Paz, La Asunta y Caranavi son considerados zonas
de cultivo ilegal y el gobierno tiene compromisos con los yanquis y los
brasileros para que en estos sectores se imponga por la fuerza el
objetivo de la “coca cero”, al margen de la destrucción de las
plantaciones consideradas excedentarias en las zonas de cultivo legal.
El gobierno ha anunciado que, en lo que va del presente año, la meta es
reducir de más de 30 mil hectáreas existentes a 20 mil; o sea que, de
manera forzosa se erradicarán más de 10 mil hectáreas.
Los productores de La Asunta han respondido echando violentamente de
la zona a los efectivos de la FTC y han anunciado que defenderán sus
plantaciones recurriendo a todos los medios a su alcance. Existe gran
molestia no sólo en los Yugas paceños sino también en el Trópico
cochabambino porque, de alguna manera, más del 80 % de los cocaleros ha
llegado a cultivar más del cato que les permiten las autoridades y sus
propias organizaciones sindicales. Los temores de que la erradicación
forzosa llegue al Chapare no son infundados porque la mayoría de los
cultivadores, incluidos los dirigentes, han rebasado el “cato” permitido
legalmente. También son permanentes las incursiones del sector a zonas
protegidas como el Parque Isiboro Sécure con la finalidad de ampliar las
plantaciones clandestinas.
El gobierno y los dirigentes oficialistas encaramados en el Consejo
de Federaciones Campesinas de los Yungas (CAFECAY) han anunciado que
instaurarán severas sanciones penales contra los dirigentes de La Asunta
por haber agredido a los efectivos de la FTC, sin respetar que se
encuentran “bajo bandera” y por mancillar el uniforme militar. De esta
manera, la burocracia oficialista de los cocaleros se ha convertido en
instrumento de la represión gubernamental contra sus bases y el gobierno
pretende encerrarlos en un cerco de fuego usando la violencia policial –
militar y los recursos judiciales para de este modo honrar sus
compromisos con el imperialismo.
La rebelión de La Asunta es el inicio de la dura lucha que tienen que
librar los cocaleros contra un gobierno esbirro del imperialismo. Ha
llegado el momento de que el sector retorne a las banderas originales
del libre cultivo, comercialización e industrialización de la hoja de
coca. El sector no tiene ni debe involucrarse con la política antidroga
del imperialismo. No son los bolivianos quienes han inventado la cocaína
con la alta tecnología sino los gringos.
La lucha consecuentemente antiimperialista debe tomar como eje el
libre cultivo, comercialización e industrialización de la hoja de coca;
que los gringos se curen de sus taras donde corresponde, en su país, sin
afectar a los intereses económicos del país y de los cocaleros.
* Dirigente del Partido Obrero Revolucionario (POR).
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