Ecuador: la revolución caudillista, por Simón Pachano, de Flacso y de Clasco, y no puede nunca decirse que es Ultra.

Infolatam
Quito, 15 de enero de 2012
Por Simon Pachano

Dos hechos se destacaron en medio de la festiva celebración del quinto aniversario de la Revolución Ciudadana de Rafael Correa. El primero de estos fue la visita del presidente iraní, Mahmud Ahmadineyad, que dejó sin respuesta la pregunta sobre los objetivos de su viaje. Analistas locales y del exterior lo interpretaron como un paso en la búsqueda de apoyo en Occidente, cuando atraviesa un momento difícil por posibles sanciones económicas y diplomáticas a causa de sus planes nucleares. Sin embargo, esta explicación no es suficiente para comprender la actitud del gobierno ecuatoriano, que pareció obedecer a la improvisación y no a decisiones derivadas de una visión estratégica de política exterior. Basta ver la manera en que sus autoridades se enredaron en las magras cifras del comercio bilateral cuando intentaron mostrar algún beneficio económico, o las invocaciones al nacionalismo y a la soberanía cuando quisieron sostener la decisión de recibir al cuestionado mandatario.

Este episodio es solamente una de las múltiples muestras de la ausencia de política exterior que ha caracterizado al gobierno de Rafael Correa en sus cinco años de gestión. Su andar por el escenario internacional ha sido errático, incluso en asuntos que podrían considerarse de primera importancia dentro de su horizonte ideológico. Su enfrentamiento con los organismos multilaterales del crédito (especialmente con el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional) y su oposición a la firma de tratados de libre comercio fue ampliándose hacia otras instancias, como la Organización de Estados Americanos y hacia ámbitos de integración económica, como la Comunidad Andina de Naciones. Pero, frente a ello no ha diseñado una política alternativa, que podría expresarse en su integración decidida a la Alternativa Boliviariana de las Américas (ALBA) o en una acción encaminada al fortalecimiento de UNASUR o de la recientemente creada Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC). Mientras tanto, las cifras del comercio internacional son negativas, especialmente con sus socios tradicionales de Norteamérica y la Unión Europea, y son evidentes los signos de deterioro en las relaciones con varios de esos países.

El segundo hecho fue la radicalización de la arremetida del Presidente en contra de la expresión libre y pluralista. En esta ocasión fue más allá de los millonarios juicios en contra de periodistas y medios, al plantear restricciones drásticas a la información en período de campaña electoral. Utilizando su poder de veto en el trámite de leyes y reformas, introdujo en la ley electoral una disposición que impide a los medios hacer reportajes o publicar cualquier tipo de artículo –incluso de opinión- que pudiera ser considerado como publicidad a favor o en contra de los candidatos. De esta manera, la simple información acerca de los cargos ocupados en la carrera política, de la trayectoria estudiantil, o de la actividad económica privada de un candidato podría dar lugar a sanciones. Éstas serían aplicadas por el Consejo Nacional Electoral, conformado por ex funcionarios del Gobierno y, según manifestó su Presidente al conocer el veto ministerial, dispuesto a modificar las fechas de elecciones para permitir que las reformas puedan regir para la próxima contienda.

Los dos hechos expresan con bastante claridad el sesgo que está tomando la Revolución Ciudadana. Por un lado, es evidente la ausencia de definiciones claras en el plano externo, lo que deja a las decisiones políticas al vaivén de los hechos del momento y genera un alto grado de incertidumbre en los diversos actores económicos y sociales. Por otro lado, ya no hay dudas sobre el creciente autoritarismo que guía al Presidente y que se va imponiendo como característica central de este proceso político. La reducción de los espacios de debate por medio de los controles a la información incidirá decisivamente en los resultados de las elecciones que deberían realizarse en enero del próximo año. Los diversos grupos de oposición deberán concurrir en condiciones de desventaja, mientras Rafael Correa podrá asegurar su relección con la enorme maquinaria estatal que estará a su servicio.

Aparte de las obras de infraestructura, que constituyen el orgullo de la gestión gubernamental, el balance del primer lustro de la Revolución Ciudadana no es positivo en términos políticos. Hasta el momento, el proceso se ha sostenido por la presencia del fuerte liderazgo del Presidente y no por el efecto de factores propios del sistema político. Esa condición única es la que logró romper con la tradición de inestabilidad, expresada sobre todo en la caída de los presidentes. Por consiguiente, queda flotando la pregunta acerca de lo que ocurrirá cuando ya no esté presente. De cualquier manera, la respuesta podrá esperar unos cinco años más, ya que parece segura la candidatura de Rafael Correa y bastante probable su relección. Para ser fiel a su pasado, el Ecuador volvió –y volverá- a apostar por un caudillo y no por un sistema que le asegure permanencia más allá de los ciclos biológicos personales.