Acompañamiento a las familias denunciantes. Miércoles 18 de enero a las 12h30. Juzgados de Plaza Castilla.
Madrid, 16 de enero de 2012. El próximo miércoles 18 de enero será un
día intenso para la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) de
Madrid. Uno más, muy a su pesar. Tras participar con la Asamblea Popular
de Usera en un nuevo intento de paralización de desahucio que comenzará
a las 7h30 en el número 10 de la calle Centeno, se desplazará hasta los
juzgados de Plaza de Castilla para acompañar a varias familias
ecuatorianas víctimas de “fraude hipotecario”. Las y los afectados, que
lograron sus hipotecas a través del chiringuito Central Hipotecaria del
Inmigrante (CHI) o de otros similares, se darán cita a las 12h30 en las
puertas del tribunal, donde deberá declarar una de las cabezas visibles
del caso, Enrique Caño. Como ha sucedido desde el 30 de enero de 2010,
fecha en la que interpusieron la primera denuncia, estarán acompañados
por integrantes de la Coordinadora Nacional de Ecuatorianos en España
(CONADEE). Y, como en las acciones anteriores, volverán a reclamar la
paralización inmediata de los procedimientos de ejecución hipotecaria
que pesa sobre alguno de ellos, al menos hasta que se resuelvan sus
demandas penales.
Cientos de personas, inmigrantes en su mayoría, con el conocimiento
de las entidades bancarias prestamistas, han sido víctimas en estos años
de contratos hipotecarios con cláusulas abusivas y condiciones
abiertamente irregulares. Son las llamadas “hipotecas basura”. Detrás se
encuentran entidades como la CHI, cuyo gerente, Enrique Caño, fue
detenido el pasado 24 de noviembre por orden del juez Agustín Morales,
del Juzgado de Instrucción 42 de Madrid, que le imputa un presunto
delito de estafa. Tal y como han declarado las diez familias que hasta
el momento han presentado denuncias, el acusado, a través de la CHI o de
otras cuatro oficinas con nombres similares, conseguía créditos de más
de 200.000 euros para personas de escasa solvencia económica, mediante
una trama de avales cruzados, de manera que los hipotecados se avalaban
unos a otros sin que muchas veces se conociesen entre sí. Para conseguir
una vivienda, Caño exigía al comprador que, de entrada, firmara como
copropietario de otra vivienda, amén de una señal que rondaba los 10.000
euros y que, en caso de que la familia se echara para atrás, nunca
devolvía. Cerraba sus operaciones con entidades como Caja España, Caja
Madrid, Caja de Ahorros del Mediterráneo o Caixa de Catalunya, y lo
hacía con pocos días de diferencia con objeto de eludir los controles de
riesgo del Banco de España. Aunque se ha denunciado a sucursales de
todos estos bancos, “en la trama hay indicios que indican una
participación especial de responsables de la sucursal de Caja España que
actuaba en nombre y representación de la entidad financiera en
numerosos contratos de préstamo”, sostiene Aída Quinatoa, presidenta de
CONADEE y portavoz de la PAH. “Hemos detectado la existencia de delitos
de estafa vinculados a las hipotecas basura, con una evidente
responsabilidad de las entidades financieras en perjuicio de las
personas deudoras. Consideramos que no es asumible la situación de
impunidad que vivimos ante la estafa generalizada de las hipotecas
basura”, remacha Quinatoa.
La CONADEE y la PAH, que en esta batalla siempre han contado con el
apoyo de organizaciones como la Federación Regional de Asociaciones
Vecinales de Madrid, la Unión Solidaria en Defensa de los Derechos
Humanos e Izquierda Unida, entre otras, reclaman “la apertura de
investigaciones y el destino de los medios humanos y materiales
necesarios para el esclarecimiento de los hechos bajo los principios de
verdad, justicia, reparación y no repetición porque consideramos la
estafa de las hipotecas basura una vulneración sistemática de los
derechos humanos”.
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