Muchos
análisis han puesto de relieve que los costes de la crisis y de las
políticas que vienen aplicando los gobiernos al servicio de la banca y
de las grandes empresas, como en España, recaen principalmente sobre
las clases trabajadoras.
Sin embargo, se suele conceder mucha menos importancia al hecho de
que lo hacen de una forma muy particular sobre las mujeres trabajadoras
y sobre las mujeres en general, estén o no empleadas.
En el libro Desiguales. Mujeres y hombres frente a la crisis financiera
(Icaria 2010) Lina Gálvez y yo pusimos de relieve que la discriminación
que sufren las mujeres había sido uno de los factores que ayudaron a
generar la crisis, en la medida en que incrementó la desigualdad que
está en su origen. Y también que si las políticas que aplicasen los
gobiernos, como viene sucediendo, fueran las que satisfacen a los
grandes grupos financieros y patronales la crisis traería consigo un
mayor aumento de las diferencias entre mujeres y hombres.
Esto último es lo que ha pasado y los gobiernos han sido plenamente
conscientes de los efectos tan injustos de sus políticas que han tomado
también medidas orientadas a ocultarlos o disimularlos.
Así, en cuanto comenzaron a tomarse medidas “contra la crisis”, un
eufemismo que en realidad ha significado a favor de la banca y de las
grandes empresas, lo primero que hizo el anterior gobierno, incluso a
costa de incumplir su propia Ley de Igualdad, fue dejar de evaluar el
impacto que iban teniendo sus decisiones sobre la diferente situación
de hombres y mujeres. Es decir, invisibilizar su efecto desigualitario.
Ahora, al gobierno de Rajoy tampoco parece que le preocupe
determinar previamente quiénes serán los paganos o principales
beneficiarios de las medidas que adopta, única forma de poder seguir
difundiendo la mentira de que sus políticas satisfacen los intereses
nacionales cuando en realidad simplemente están favoreciendo a los
sectores sociales de mayor renta, riqueza y poder.
La primera batería de medidas que se acaban de aprobar es una
muestra bien clara de que las cargas que genera la crisis se reparten
muy desigualmente entre la población y que perjudican de un modo
especial a las mujeres.
La congelación del salario mínimo (por primera vez desde 1967)
cuando es uno de los más bajos de nuestro entorno europeo (solo por
debajo de el de Eslovaquia o Portugal) perjudica considerablemente más a
las mujeres trabajadoras que a los hombres porque hay un 15,5% de
ellas que ganan menos que salario mínimo frente a solo el 5,6% de los
hombres, según la última Encuesta de Estructura Salarial (2010).
La congelación del salario mínimo también afecta de forma más
negativa a las mujeres que a los hombres porque las primeras suelen
estar empleadas en puestos de trabajo peor retribuidos que son los que
“tiran a la baja” los salarios mínimos más reducidos. El salario de las
mujeres españolas es mucho más bajo que el de los hombres -como media
un 78% del masculino- y la retribución media por hora trabajada que
reciben es el 76,1% de la de los hombres. Y, según la mencionada
encuesta, mientras que el 9,81% de los hombres ocupa empleos con
salarios más de cinco veces el salario mínimo, ese porcentaje es de
solo el 4,77% en el caso de las mujeres.
En particular, la congelación del salario mínimo es especialmente
perjudicial para algunos colectivos de mujeres como las dedicadas al
servicio doméstico (que emplea a 686.000 personas de las cuales el 90%
son mujeres) puesto que su retribución se fija tomándolo directamente
como referencia.
Y al disfrutar de menor renta, las mujeres serán también
especialmente perjudicadas por la reforma del IRPF cuyo coste, como han
demostrado los técnicos del Ministerio de Hacienda (http://www.gestha.es/?seccion=actualidad&num=228), va a recaer principalmente sobre los trabajadores con menores niveles de ingresos.
El aplazamiento de la mejora en la pensión de viudedad también
afecta especialmente a mujeres puesto que hay un 44,5% de ellas que son
viudas frente a solo un 12,2% de los hombres. Y también el de la
ampliación a cuatro semanas del permiso de paternidad que además supone
un nuevo y vergonzoso incumplimiento de la ley, a pesar de que su
coste es ínfimo (entre 200 y 250 millones de euros), puesto que debería
haber entrado ya en vigor el año pasado.
La pérdida de poder adquisitivo que van a seguir sufriendo las
pensiones igualmente perjudica especialmente a las mujeres puesto que,
como media, la pensión que reciben es más baja que la de los hombres
(aproximadamente el 61% de la que perciben como media los pensionistas
masculinos) y hay muchas más mujeres pensionistas en situación precaria,
de pobreza o exclusión: algo más del 70% de quienes reciben las más
bajas pensiones no contributivas son mujeres.
La moratoria en la puesta en marcha de la ley de dependencia supone
asimismo un perjuicio y una carga adicional principalmente para las
mujeres puesto que son mujeres la inmensa mayoría de quienes asumen la
tarea de cuidar a las personas dependientes fuera (casi el 95% en el
caso de las auxiliares de las residencias) o dentro de sus domicilios o
familias (en más o menos la misma proporción).
La congelación de plantillas en el sector público también perjudica
especialmente a las mujeres por varias razones. Primero porque las
mujeres son las que en mayor número se vienen incorporando a él y, sobre
todo, en ámbitos más feminizados (sanidad y educación) en donde los
recortes están siendo más amplios como consecuencia de que en realidad
no se busca ahorrar gasto sino privatizar servicios públicos para
ponerlos a disposición de las grandes empresas y bancos.
Además, las mujeres ocupan en el sector público los puestos más
precarios y por tanto más afectados por los recortes en número y gasto
de personal. Representan el 30,05% de los funcionarios pero el 51,09%
de los contratados laborales y el 55,64% del personal eventual. Y, por
otro lado, mientras que representan el 70% del cuerpo y categoría más
bajos -C2- solo el 29,13% del personal del cuerpo de mayor rango -A1-,
son mujeres, todo ello según el último informe del Ministerio de
Hacienda sobre Personal al servicio del Sector Público Estatal 2009.
En consecuencia, la menor entrada de personal y la amortización de
plazas, además de la congelación de sueldos, le afectará principalmente a
los empleados públicos de sexo femenino.
En otro orden de cosas, también va a ser extraordinariamente
negativo para las mujeres el consenso que desgraciadamente parece que
suscriben incluso los dos grandes sindicatos, CCOO y UGT, para promover
el empleo a tiempo parcial. Cuando su promoción se hace coincidir con
políticas que deprimen la actividad y el ingreso, con la disminución
del gasto social y de las infraestructuras del bienestar colectivo y
con un silencio casi total sobre la necesidad de promover avanzar hacia
la corresponsabilidad entre mujeres y hombres, no se puede creer que
detrás de más empleo a tiempo parcial vaya a haber la posibilidad real
de generar más actividad y más puestos de trabajo decentes sino otra
cosa muy distinta. Lo que vendrá inevitablemente será una modificación
de la división del trabajo para volver a esquemas patriarcales que
implican especializar a las mujeres en una doble tarea laboral, la no
retribuida en su familia y la puntual y mal pagada en el mercado de
trabajo. O lo que es lo mismo, una versión postmoderna pero incluso más
precaria aún de la pata quebrada y en casa del franquismo.
Finalmente, y en términos más generales, no podemos olvidar que la
disminución del gasto social, no solo en los campos a los que acabo de
hacer referencia, está perjudicando también de modo particular a las
mujeres porque los recortes, como está pasando especialmente en las
comunidades gobernadas por el PP, se están aplicando más o menos
subrepticiamente a muchos servicios específicamente destinados a cubrir
necesidades o intereses femeninos como los institutos de la mujer, los
servicios de ayuda jurídica o a destinados a luchar contra la
violencia de género.
En suma. Las clases trabajadoras y los grupos sociales de menor
renta en general son los que en mayor medida están pagando los costes
de las políticas que se aplican frente a una crisis provocada por los
banqueros pero que se destinan justamente a aumentar su poder y sus
privilegios.
Pero eso no es todo porque, dentro de ellos, las mujeres soportarán
un peso mucho mayor de esos costes. Si son empleadas, porque tienen más
probabilidad de perder el puesto de trabajo que los hombres y porque
les afectará en mayor medida que a ellos la pérdida de sueldo y
salario; si son pensionistas o reciben prestaciones sociales porque la
pérdida de ingresos por los recortes será mayor que la que sufran los
hombres; si solo trabajan en su casa porque la menor provisión de
bienes públicos de atención y cuidado (guarderías, servicios de
dependencia, etc.) les hará trabajar más horas ya que no se fomenta la
corresponsabilidad y porque el aumento del paro masculino y el tener al
marido en casa en lugar de quitarle problemas de conciliación se los
aumenta (como han demostrado Lina Gálvez y Mauricio Matus en Impacto de la ley de Igualdad y la conciliación de la vida laboral, familiar y personal de las empresas andaluzas, Fundación de Estudios Sindicales 2010).
La patronal y la derecha más recalcitrante ha señalado en muchas
ocasiones que las políticas de igualdad y en concreto las de igualdad
entre mujeres y hombres son simplemente “guindas”, lujos que ni
siquiera en tiempos de expansión y vacas gordas nos podemos permitir.
No solo demuestran así el carácter reaccionario, arcaico y patriarcal
de su pensamiento. Con ello va también su ignorancia porque la
experiencia nos está demostrando claramente que la mayor desigualdad y
la discriminación entre los seres humanos han sido el freno más potente
del progreso y la causa de las crisis y de las perturbaciones
sistémicas que estamos viviendo.
Juan Torres López
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