Comunicado de Prensa -
12 de enero de 2012
Informaciones de fuentes fidedignas, emanadas de la región de la Araucanía, denuncian una ola de allanamientos y detenciones arbitrarias por parte de la policía chilena. Los operativos son llevados a cabo por un impresionante número de fuerzas policiales a las que hay que sumar civiles no identificados, presumiblemente personal paramilitar contratado por los latifundistas y las empresas forestales asentadas en el territorio ancestral de la Nación Mapuche.
Los allanamientos se realizan a cualquier hora del día o de la noche,
siendo utilizado armamento pesado como vehículos blindados, tanquetas y
helicópteros.
El 8 de enero, alrededor de la una de la madrugada, fue allanada la comunidad Mapuche Cacique José Guiñón, ubicada en el sector San Ramón, Comuna de Ercilla, IX región de la Araucanía. En el mismo sentido, el Dr. José Venturelli, del Secretariado Europeo de la Comisión Ética Contra la Tortura, denunció que "desde las 6am de ese mismo día unos 200 efectivos de las fuerzas especiales de carabineros comenzaron, con armas cortas, largas y bombas lacrimógenas, el asalto de la comunidad de Chequenko", ubicada también en la comunidad de Ercilla.
El 8 de enero, alrededor de la una de la madrugada, fue allanada la comunidad Mapuche Cacique José Guiñón, ubicada en el sector San Ramón, Comuna de Ercilla, IX región de la Araucanía. En el mismo sentido, el Dr. José Venturelli, del Secretariado Europeo de la Comisión Ética Contra la Tortura, denunció que "desde las 6am de ese mismo día unos 200 efectivos de las fuerzas especiales de carabineros comenzaron, con armas cortas, largas y bombas lacrimógenas, el asalto de la comunidad de Chequenko", ubicada también en la comunidad de Ercilla.
Por su parte, Rayen Calfunao, integrante de la Misión Permanente
Mapuche ante la ONU, confirmó que: "La casa del matrimonio, Lonko José
Cariqueo y de la Machi Adriana Loncomilla, ubicada en la comunidad
Cacique José Guiñon, fue atacada por la policía a la una de la
madrugada". Añadió que "el hijo de la Machi Jorge Mariman Loncomilla y
un sobrino de nueve años resultaron heridos en el estomago y en los
brazos como resultado de las armas de fuego utilizadas". También se
informó que la policía impidió por más de dos horas que la comunera
Teresa Millaqueo, quien se encuentra embarazada de 8 meses, fuese
llevada de urgencia al Hospital de Victoria por los síntomas de mareos,
nauseas y vómitos al inhalar gases de las bombas lacrimógenas lanzadas
por la policía.
Cabe destacar que el uso de bombas lacrimógenas por parte de
carabineros al interior de las comunidades mapuches fue prohibido por un
fallo judicial del 22 de diciembre pasado. Es sintomático que por un
lado las autoridades chilenas exijan a los mapuches respetar el Estado
de Derecho, pero por el otro, éste es constantemente violado por la
policía con la complacencia de las autoridades locales.
Esta flagrante transgresión del Estado de Derecho quedó -una vez más-
de manifiesto con estos últimos allanamientos, en los cuales la policía
ignoró todos los procedimientos legales, tales como mostrar, como
establece la ley, la orden de allanamiento o las órdenes de detención.
Por otro lado, organizaciones mapuches y defensores de derechos
humanos han informado que los diversos dispositivos policiales que están
allanando las comunidades de la Araucanía están siendo dirigidos por el
General Iván Bezmalinovic, encargado de la IX Zona de Carabineros.
Según informaron comuneros afectados, este general es responsable de
ordenar el empleo de torturas contra los comuneros, torturas en las que
él mismo participa personalmente.
El 10 de enero pasado la comunidad mapuche José Jineo Ñanco de Rofue
fue violentamente atacada por la policía militarizada. Este ataque se
produjo cuando comuneros del sector realizaban una protesta de acción
directa contra la construcción inconsulta de un Aeropuerto en su
territorio ancestral, proyecto que contraviene el Convenio 169 de la OIT
(Organización Internacional del Trabajo), según lo manifestaron
activistas de derechos humanos. La policía utilizó bombas lacrimógenas,
golpeó a mujeres y a niños, incluyendo a una comunera que tenía a su
bebe de un año medio en sus brazos. Seguidamente, la policía se llevó a
Guillermina Painevilo y Jessica Guzmán quienes permanecen detenidas en
la 3ª Comisaria de Padre Las Casas, IX Región de la Araucanía, acusadas
de ‘agresión a carabineros'.
Los últimos incendios en la Región de la Araucanía, que ha costado la
vida de 7 personas, entre ellos personal de bomberos, ha sido utilizado
por voceros de gobierno para crear sentimientos anti-mapuche con la
única intención de criminalizar sus justas demandas sobre la restitución
de sus tierras ancestrales. El Secretario General de Enlace Mapuche
Internacional Werken Reynaldo Mariqueo señaló que "es irresponsable el
anuncio presidencial de invocar la Ley Antiterrorista y la Ley de
Seguridad Interior del Estado contra dirigentes de comunidades mapuche
por el mero hecho de mantener litigios territoriales con empresas
forestales afectadas por los incendios", y agregó que, "culpar de
antemano y sin ninguna evidencia tangible a un sector de la población
por su origen étnico es un claro indicio racista por parte de la actual
administración chilena".
Por su parte, Ana Piquer, directora ejecutiva de Amnistía
Internacional, declaró a los medios de comunicación con respecto a los
últimos allanamientos y represión que enfrentan comunidades Mapuche que:
"El Gobierno tiene que investigar si es que efectivamente hay
responsables ( ...) pero agrego que no se debería "partir de la base de
que fueron las comunidades mapuches", también expreso sus reservas sobre
la aplicación de la Ley Antiterrorista que a su modo ver la decisión
gubernamental fue un "juicio un poco aventurado" porque "implica la
aplicación de una ley que para nosotros en si misma tiene un problema".
La ola de allanamientos arbitrarios, incitados por las empresas
forestales y los latifundistas de la región de La Araucanía, se han
visto incrementados como consecuencia de las declaraciones del gobierno y
de las editoriales de la prensa, que también tiene intereses económicos
en el territorio mapuche. Fuentes oficiales señalaron que la policía
elaboró una lista de 42 dirigentes mapuches, presuntamente "sospechosos
de ataques incendiarios". Este hecho arbitrario es un claro síntoma de
la persecución política que sufren los dirigentes mapuches que luchan
por la justicia y por la restitución de sus tierras ancestrales.
El uso de la Ley Antiterrorista contra los mapuches otorga a la
policía carta blanca para detener, torturar y allanar a cuantas
comunidades se les ocurra. Es importante subrayar que con esta práctica
represiva, permitirá a la policía repetir el escenario ya vivido por
numerosas comunidades, entre ellas la Comunidad Juan Paillalef, en las
que además de los montajes policiales, se produjo robo de dineros,
ataques a animales domésticos, destrucción de enseres y sembrados,
sustracción de materiales de comunicación, de herramientas de trabajo,
etc. No se debe olvidar que la represión chilena también está dirigida a
empobrecer a las comunidades mapuches que luchan por sus derechos.
Por último, más que nunca se hace necesario poner de manifiesto que
el estado de terror y violencia no ha logrado ni logrará detener la
lucha del pueblo Mapuche por sus derechos territoriales, económicos,
sociales y culturales, ni tampoco socavará el ejercicio del derecho a la
autonomía y libre determinación inherente de su condición de pueblo
milenario.
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